martes, 3 de julio de 2007

# 3

DE LA HIPOCRESÍA
A LA SABIDURÍA

Publicado Originalmente en REGENERACIÓN

Por A .Castro

Dicen que es de sabios cambiar de opinión, no es el caso de los miembros que conforman la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Las modificaciones de criterio que ha experimentado en los últimos meses el máximo tribunal de nuestro país encabezado por el Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia cuyas resoluciones hoy acaparan la atención de muchos sectores, muestran la manera sesgada en que la Corte decidió conducirse en la controvertida elección presidencial de año pasado. La carga de sinvergüenzadas presentadas lo mismo como negativas de la autoridad que como revelaciones siniestras de políticos y empresarios, viene a reforzarse con la volatilidad en los argumentos de éste órgano colegiado dedicado a una de las actividades principales de cualquier sistema gobierno : la aplicación de la justicia y del derecho. La SCJN fungió entonces como una pieza más del contubernio y manipulación institucional ocurrida en el sexenio Foxista. Ahora sin mayores resultados hasta el momento y sólo con la claridad que evidencia aquel interés perverso simplemente en su actuar, los ministros hoy en apariencia intentan redimirse.


El contrapeso natural fue y seguirá siendo el pueblo. La participación de millones de personas en el 2006 a través de las concentraciones multitudinarias propias de procesos electorales como los que se llevan acabo en nuestro país, modificaron su naturaleza de simple forma de expresión ciudadana a una estrategia de defensa social en respuesta a la cerrazón imperante en diversos órganos del Estado Mexicano como fue el caso del Poder Judicial de la Federación. La exigencia de los ciudadanos y de los partidos políticos intrigantes de la coalición que apoyó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador hecha en la vía y forma tanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ambas instancias encargadas de conocer temas de naturaleza electoral y obligados a resolver controversias sobre los mismos, se limitó exclusivamente a solicitarles se pronunciaran a favor de la prevalencia del orden constitucional atendiendo a las facultades que la propia Carta Magna establece.
La indiferencia y un “No“ rotundo a ésta petición los llevó incluso a ser omisos en observar principios básicos y elementales en la impartición de justicia como lo son: la debida fundamentación y motivación, dando pauta como consecuencia de ello a severas críticas que aún en estos días siguen pesando sobre los Ministros y Magistrados quienes actuaron cual burócrata de barandilla y no como los peritos en derecho que se requería para calificar una elección presidencial como la vivida hace un año en México. Las circunstancias anómalas en las que se desarrolló el proceso hacia necesario una valoración justa y un análisis exhaustivo de todos los elementos que influyeron de manera negativa en las elecciones desde los meses previos, esto es, desde las campañas hasta el día de la emisión del sufragio, el cual para no variar también estuvo plagado de irregularidades. Tal parece que nunca se entendió que lo que estaba en juego eran los siguientes seis años en la vida de millones de mexicanos.


Siendo la última instancia en la jurisdicción federal, además de ser el único órgano del Estado con facultades para la interpretación de la constitución, la SCJN presidida en ese entonces por Mariano Azuela Güitrón desdeño hasta el punto de la descalificación la atribución de la Corte para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que pudieran constituir la violación del voto público, en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de algunos de los poderes de la unión (art 97 CPEUM).

Los arcaísmos que para Azulea Güitrón contenía nuestra Constitución Política en éste tema refiriéndose a ellos como “letra muerta“, fueron resucitados en las recientes resoluciones del pleno de la SCJN. La facultad para investigar violaciones a las garantías de los gobernados, goza ahora de plena vigencia y ha sido motivo de una nueva interpretación de los alcances y las funciones de éste Tribunal Constitucional. En esta coyuntura los ministros han dicho que están dispuestos a indagar sobre la actuación del gobierno estatal, el gobierno federal e incluso a particulares al establecer cuál sería su postura en el caso Oaxaca en donde ha prevalecido la ingobernabilidad y la reiterada violación de los derechos fundamentales en aquella entidad. Los integrantes del Pleno quieren sopesar la diferencia entre resolver en conciencia y no por consigna, si al hacerlo el pueblo oaxaqueño puede obtener un beneficio será motivo para congratularse, que lástima que no pudieron responderle de la misma manera a millones de mexicanos de toda la república cuando solicitaron su intervención.

Yo me quedo con la mesura y el buen juicio que han demostrado los ciudadanos que han apoyado al Gobierno Legítimo a lo largo de este año y el mensaje a los Ministros y a las señoras Ministras será para lo venidero, que la justicia a destiempo no es justicia.

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