martes, 18 de marzo de 2008

Estrictamente Legal

Por A.Castro

Para fortuna del ejecutivo federal éste periodo de vacaciones de semana santa enfriará el tema de las acusaciones en contra el secretario de gobernación Juan Camilo Mouriño . A esta circunstancia se suma la intervención de la PGR y de la secretaría de la función pública quienes ya tomaron conocimiento del asunto , con ello las posibilidades de que una investigación seria prosperara se desvanecieron ; pero como tratándose de impunidad aquí no hay medias tintas para una buena representación de una farsa nada como un cierre a la altura , así que la comisión que investigará al titular de bucareli en el órgano legislativo federal estará conformada sólo por priístas y panistas, entonces la absolución de Mouriño está garantizada.


Aunque algunos no lo consideren así , la investigación al brazo derecho de Felipe Calderón es un asunto esencialmente de índole legal , la defensa mediática que llevan acabo el partido revolucionario institucional y acción nacional es sólo un encubrimiento político que busca eludir la responsabilidades jurídicas que podrían encuadrársele al ex encargado de la oficina de la presidencia . Don Juventino V. Castro y Castro ex ministro de la SCJN en un artículo que escribió la semana pasada elaboró un listado de disposiciones constitucionales que regían las actividades del Juan Camilo Moriño cuando decidió firmar los contratos que él mismo reconoció como auténticos .

La investigación contra este funcionario estaría orientada a dilucidar si en su carácter de funcionario público contravino disposiciones legales al firmar esa serie de contratos cuyos beneficiarios resultaron ser empresas familiares y en las que en su momento tuvo cargos de administración.


Aquí la cita de los diversos artículos aplicables al caso enunciados por Doctor Juventino V. Catro y Castro :


“ ………..1) El párrafo cuarto del 28: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas:… petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales reactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”.

2) El quinto del propio artículo 28: “El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario…”

3) El cuarto párrafo del 25: “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución , manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.”

4) El tercero del 27: “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.”

5) El séptimo del 27: “ En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones , otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.”

6) El primero del 25: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución .”

Como complemento de las disposiciones constitucionales, preciso que el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público dice:

“Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley, con las personas siguientes:

“I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grato, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate.” …….”



( En la foto el ex ministro Juventino V. Castro y Castro )

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