martes, 22 de abril de 2008

Mesas de estudio y análisis sobre la reforma energética

Texto completo de la participación del Dr . Juventino V. Castro y Castro* el día de ayer en la Cámara de Diputados.


Respetados diputados y diputadas de los Grupos Parlamentarios aquí presentes.


Es un destacado privilegio expresar ante ustedes mi opinión personalísima sobre la reforma energética que recientemente -mediante iniciativas del ejecutivo federal-, se han enviado para su estudio a la Cámara de Senadores de la República.

No se me escapa que tal reforma en realidad comprende algo más que un mejor manejo de nuestros instrumentos y nuestras riquezas energéticas en materia de petróleo y sus derivados, ya que en el fondo con el estudio y el manejo de ellas México inicia formalmente una etapa en la cual se resolverán, para funcionar en el futuro, las políticas propias de los sectores privado, público y social, todo ello bajo una total sujeción al exacto cumplimiento de nuestras disposiciones constitucionales, y las directrices que de ella se deriven.

No soy un especialista (ni siquiera un mediano estudiante) en la producción y desarrollo de los recursos energéticos de México o de cualquier país del mundo. Afortunadamente para ustedes, de mí no obtendrán manejos o pronunciamientos en esas materias tan técnicas sobre las cuales soy un total ignorante.

Soy un sencillo y modesto abogado que está convencido de que el Derecho Constitucional proporciona el criterio normativo fundamental y la conducta social de un país. Sobre ello sí puedo hablar, si no con autoridad al menos con el derecho que me otorga mi altísima calidad de mexicano.

La Constitución Política no sólo es, como se suele decir, la ley de leyes, sino el Estatuto que da identidad a un pueblo soberano.

La Constitución Política Mexicana identifica a todos los mexicanos y nos diferencia del resto de los países del mundo, en lo que se refiere a cultura, filosofía, propósitos y tareas políticas o sociales que políticamente desee desempeñar.

Pero es también el Pacto Social que da unidad a los mexicanos de todas las ideológicas; es, por lo demás, el texto de consulta de todos nosotros cuando tenemos dudas de cómo actuar precisamente como nacionales, no opuestos pero sí distintos a cualesquiera otros ciudadanos de cualquier otra nación.

Por tal razón una Constitución cambia y se reforma sólo cuando la cultura y el ideario del pueblo efectiva y realmente han cambiado, y por ello se ve obligada la sociedad civil a modificarla, y así decretarse nuevos destinos y nuevos propósitos nacionales. Por ello, el estudioso de nuestra Constitución, -cuando desee ser fiel a ella-, debe ordenar bajo su criterio básico la esencia de las normas que le son propias y lo distinguen de cualquier otro nacional de cualquier otro país. En nuestra Constitución Política de 1917 entre otros planteamientos identificatorios de nuestra mexicanidad (por supuesto respetuosa de todas las naciones del mundo), privilegio -y muchos lo hacen conmigo-, el destacamiento a nivel constitucional de los derechos sociales, y la esencia que se destila de sus artículos 25, 27 y 28.

Más de una vez he destacado que nuestra Constitución (aún vigente en su esencia, a pesar de traiciones, confabulaciones, y caprichos sexenales), se adelantó al reconocimiento de los derechos sociales o colectivos. Lo hizo antes que las Constituciones tan avanzadas en lo social como la soviética de 1918, y la alemana de Weimar de 1919.

Aclaro que en el Siglo XIX, muy especialmente dentro de la Constitución Liberal de 1857, México había logrado imponer el respeto, la protección y la garantía constitucional para los derechos individuales. Desde el Acta de Reformas de 1847, y por inspiración de don Mariano Otero, ya se impuso el texto constitucional garantizador de ellos; pero solamente de ellos, no de los colectivos.
Decía don Mariano Otero en su famoso, histórico y trascendente Voto Particular contra el Proyecto mayoritario de la Comisión de Constitución en 1847, y para dejar en claro su personal criterio: “En las más de las Constituciones conocidas, no sólo se fijan los principios relativos a la organización de los poderes públicos, sino que se establecen las bases de las garantías individuales, probablemente porque la condición social de los asociados es el objeto primordial de las instituciones, y uno de los caracteres más señalados de la verdadera naturaleza de los gobiernos.”
Consecuente con ese criterio -totalmente liberal-, propuso el máximo respeto a los derechos individuales, y su garantía constitucional por medio de un proceso constitucional al cual llamó juicio de amparo, y que se plasmó en los artículos 18 y 19 del Acta de Reformas. Todo ello se ratificó en el artículo 101 de la Constitución de 1857, en el cual se ordena a los tribunales de la Federación resolver las controversias que se suscitaren (y cito textualmente) por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales. El actual artículo 103, en su fracción I, dice exactamente lo mismo hasta la fecha. ¡Los derechos individuales, en México, desde entonces están debidamente garantizados!
El movimiento social de 1910 no sólo ratificó el respeto constitucional a los derechos individuales que el movimiento liberal del Siglo XIX había plasmado, sino que avanzó fijando su atención normativa en los derechos sociales, que aunque de hecho siempre fueron tenidos en cuenta, hasta ese entonces no se habían reflejado en la aceptación de un amparo social que jamás se ha deseado aceptar, aunque como dijo Otero, en la cita que textualmente he transcrito: “la condición social de los asociados es el objeto primordial de las instituciones.”

Don Venustiano Carranza, procurador e inspirador de la Constitución aún vigente, decía en su Mensaje ante el Constituyente de 1° de diciembre de 1916: “A mi juicio, lo más sensato, lo más prudente y a la vez lo más conforme con nuestros antecedentes políticos, y lo que nos evitará andar haciendo ensayos con la adopción de sistemas extranjeros propios de pueblos de cultura, de hábitos y de orígenes diversos del nuestro, es, no me cansaré de repetirlo, constituir el Gobierno de la República respetando escrupulosamente esa honda tendencia a la libertad, a la igualdad y a la seguridad de sus derechos, que siente el pueblo mexicano.” Y concluía más adelante: “Este progreso social es la base sobre la que debe establecerse el progreso político; porque los pueblos se persuaden muy fácilmente de que el mejor arreglo constitucional, es el que más protege el desarrollo de la vida individual y social, fundado en la posesión completa de las libertades del individuo, bajo la ineludible condición de que éste no lesione el derecho de los demás.”

El mensaje conclusivo de don Venustiano encarece: “Toca ahora a vosotros coronar la obra, a cuya ejecución espero os dedicaréis con toda la fe, con todo el ardor y con todo el entusiasmo que de vosotros espera vuestra patria, la que tiene puestas en vosotros sus esperanzas y aguarda ansiosa el instante en que le deis instituciones sabias y justas.”

Aunque el pueblo tan sólo cuente con la garantía constitucional de un amparo individual, porque no se ha comprendido el social, los poderes constituidos en todo momento quedan obligados (de hecho así lo estipula la Constitución Política) a hacer prevalecer la finalidad social en las metas a alcanzar, expresamente hechas constar en nuestra Ley Fundamental, aunque con total respeto a los derechos de los individuos en lo particular.

El segundo señalamiento que respetuosamente hago y resalto ante ustedes, precisa que es toral en nuestra filosofía constitucional –como ustedes lo tienen bien preciso- el múltiple contenido profundo del artículo 27 constitucional, que a muchos parecerá tan sólo establece el régimen de propiedad que acepta nuestra ley fundamental, pero que en realidad revela nuestras características más profundas como Nación.

Ahora que, bajo el pretexto de perfeccionar y dar mejores vías a este artículo, en la Ley Reglamentaria en el Ramo de Petróleo que ahora se presenta, se pretende hacer avanzar a nuestra industria petrolera, si bien debemos tener presente que se pretende obtener con esas disposiciones, y qué contenido real tienen. Todo ello aunque se diga que se intenta contribuir al bien de la Nación, proporcionándole –se dice- instrumentos prácticos de los cuales ha carecido hasta esta fecha.

El Constituyente de 1916-1917 se hizo cargo de una verdad dolorosa que atenaza y agravia a la Nación Mexicana: la injusta distribución de la riqueza en nuestro país que impide a los mexicanos progresar, y a los apátridas –supuestos perfeccionadores- dar carril a su voraz tendencia para lograr un beneficio individual sin medida y sin riesgos de sanción.

Por ello se inicia nuestro artículo 27 con una declaración que a muchos podrá desconcertar: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.”

La tesis mexicana –sin embargo- es clara y determinante: la propiedad no es a la manera de un derecho natural que de origen perteneciera al ser humano por el simple hecho de tener esa calidad; la propiedad de las tierras y aguas son en su origen de la Nación, o sea del pueblo mexicano.

Como un rasgo de ordenamiento normativo, la Nación puede –excepcional y condicionadamente- transmitir parcialmente el dominio de alguna propiedad concreta a un individuo. Ese es el fundamento de la propiedad privada mexicana.

Pero existen propiedades que no pueden –en forma alguna- ser transmitidas a los particulares, porque son la base y el sustento de la estabilidad y el progreso de la Nación. Para lograrlo la Constitución nos obliga atenernos a una regla estricta: la Nación sólo puede imponer modalidades a la propiedad privada por razones de beneficio social. No por conveniencia, no por eficacia, no por utilizar a la propiedad nacional bajo las excelencias de un sistema industrial, comercial o de servicios dados; sino para que se traduzca en un demostrado y patente beneficio social.

Pero hay límites infranqueables a esa excepcional posibilidad privatizadora. El dominio directo –intransmisible- de los recursos naturales siempre debe corresponder a la Nación.

El concepto genérico ya está ordenado así constitucionalmente. Pero cabe la duda de cuáles son esos recursos naturales intransmisibles, y por ello nuestra Constitución enumera los más importantes, los más destacables. Entre ellos textualmente indica y señala en su cuarto párrafo: “hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos”.

Por si no hubiere quedado claro el mandato prohibitivo de ese párrafo del 27, y pudiera entenderse que podríamos estar en presencia de un monopolio prohibido el 28, en su párrafo cuarto dispone con toda claridad: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas:… petróleo y los demás hidrocarburos.” Remite ese párrafo –para mejor entender la prohibición del 27 y 28-, a un artículo 25 de la propia Constitución, donde se entiende mejor el manejo exclusivo, no sin agregar que el Estado al ejercer la rectoría que se le otorga, lo hará para proteger la seguridad y la soberanía de la Nación. Los conceptos son claros y las referencias a las áreas estratégicas son totalmente claras y expresas.

Pero se reafirman aun más con estos dos párrafos del artículo 25:

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.”

Y el párrafo cuarto: “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan”.

Al iniciarse los regímenes revolucionarios en el país, se tomó algún tiempo en entender cuánto había cambiado nuestra mira nacional así como nuestras disposiciones constitucionales.
Por ello hasta 1938 en que se expropia el petróleo y sus derivados en manos de las empresas extranjeras, se modificaron algunos malos entendidos, y se precisaron los funcionamientos de las áreas estratégicas.

Desde el momento mismo en que se decretó la expropiación petrolera, y se ajustó nuestro texto constitucional a la nacionalización del petróleo, los monopolios internacionales intentaron recuperar sus posiciones de privilegio, o sea: lograr la privatización de PEMEX, organización que se creó para manejar el petróleo nacional.

No pudieron lograr sus personales propósitos, y ahora, años después, cambiando de estrategia, se propuso y se logró demeritar y debilitar a PEMEX, y en tal forma obtener provecho para sus intereses particulares.

La razón del radical abandono de la estricta política privatizadora me es totalmente desconocida, pero tiene antecedentes que fácilmente podemos comprobar cómo han sido los llamados contratos de servicios múltiples que desde hace muchos años los directores de PEMEX y de la industria eléctrica, con la autorización del Ejecutivo Federal y la complacencia del Poder Legislativo Federal de diferentes épocas, han firmado con empresas privadas, -extranjeras mayoritariamente-, para explorar, perforar, distribuir, transportar y comercializar energía eléctrica, petróleo, gas y sus derivados.

Tales contratos, pero sólo en lo que toca producir electricidad, sí se han impugnado con anterioridad ante la Suprema Corte. Esta los ha considerado abusivos e inconstitucionales, pero sin profundizar mucho en la esencia del problema eléctrico de o su similar: el petrolero.

Esto lo afirmo porque al resolverse el 2 de abril de 2007 la Controversia Constitucional 22/2001, promovida con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y de la Cámara de Senadores contra la invasión a la competencia del H. Congreso de la Unión que realizó el Titular del Ejecutivo Federal por la expedición de un decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Suprema Corte resolvió que el Decreto Reformatorio del Ejecutivo era invasor, y por tanto inconstitucional, dando sus razones para haberlo hecho así.

Quien tan respetuosamente les habla era en este entonces Ministro en activo de la Suprema Corte, y estuve de acuerdo con la conclusión pero por razones diversas, y en unión de los Ministros Humberto Román Palacios, ya fallecido en la actualidad, y el Ministro Juan N. Silva Meza, todavía actuante en la Corte a la fecha, formulamos un voto concurrente (es decir conforme con la declaratoria de nulidad, pero razones distintas –más profundas- que había que exponer como antecedente de cuestiones similares). Entresaco nuestra alegación paralela:
“Por último, resulta importante señalar que para este Tribunal Pleno (proposición del Voto Concurrente) no pasan inadvertidos los argumentos de la parte actora, en el sentido de que con la expedición del Decreto impugnado se amplía la participación de la iniciativa privada en el sector eléctrico, y los de las demandadas en que señalan los beneficios de la forma que para adquirir la energía eléctrica que generan los particulares prevé el Decreto impugnado… En efecto, tales argumentos no se encaminan a demostrar si el Decreto impugnado es contrario a la Constitución o acorde a ella, ya que lo que pretenden demostrar, los de la parte actora, es lo que estima constituye la finalidad de su expedición: ampliar la participación de los particulares en la generación de energía eléctrica destinada a la prestación del servicio público y los de la demandada; la razón que motivo su expedición: dotar a la Comisión Federal de Electricidad en un mecanismo eficiente para las adquisiciones de la energía eléctrica generada por los particulares.
Todo lo hasta aquí expuesto, lleva a este Tribunal Pleno a declarar la invalidez de los artículos 126, párrafos segundo y tercero y 135 fracción II, y párrafos antepenúltimo, penúltimo y último del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reformados y adicionados mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de dos mil uno, lo anterior en virtud de que el Presidente de la República realizó un indebido ejercicio de su facultad reglamentaria, consagrada en el artículo 89, fracción I, constitucional al trastocar los principios de reserva de ley y de subordinación a la misma.”

Estas experiencias jurisdiccionales tan confusas, han no sólo fortalecido al sector empresarial sino que por ellas se han agudizado las estrategias privatizadoras para lograr sus interesados y personales propósitos.

La razón fundamental del cambio que ahora menciono: la indignación popular y la de ciertos grupos sociales y políticos contrarios al proyecto de privatizar a PEMEX, y de modificar a la Constitución.

Y así ahora se afirma que hay que “transformar” a PEMEX para obtener con autorización legal el “soporte” de empresas internacionales especializadas que induzcan la forma de superar el rezago tecnológico de PEMEX, y permitan libremente acceder a las enormes riquezas de las aguas profundas del Golfo de México, pretexto que se consideró lo suficientemente impresionante para obtener la simpatía popular.

Como reforzamiento de ese criterio, ha declarado nada menos que el propio Director General de PEMEX (quien debería ser el primer defensor constitucional de la paraestatal) que, magnificando la supuesta declinación de la producción por la ausencia de localización de los mantos que constituyen reservas petroleras, ahora se superan tales catástrofes, y propuso que PEMEX se “haga acompañar” de empresas privadas especializadas (por supuesto obviamente referidas a los monopolios internacionales), que intervengan en todo el proceso industrial petrolero de nuestro país, y se logre así la mejoría y el bien de la Nación.

La Secretaria de Energía y el Director General de PEMEX, ratificaron hace unas pocas semanas lo que el sector privado había estado elaborando y programando desde el momento mismo en que Lázaro Cárdenas estatizó el petróleo y todos los carburos sólidos, líquidos o gaseosos: ¡PEMEX –sostienen como pretexto- es un desastre!

La alegación integral es la siguiente: las reservas que pudieran extraerse del subsuelo están agotadas; el aceite depositado en las aguas profundas del Golfo de México (en la parte que constituye el mar territorial mexicano) por ignorancia supina del propio PEMEX (lo dicen con expresión contundente la Secretaria de Energía y su Director General), no está en la posibilidad de ser extraídas por nuestro Gobierno.

Urge –concluyen- el arribo a nuestro país del capital privado con recursos económicos y técnicas adecuadas (que están en poder de los monopolios internacionales), y así sustituir a la desgastada paraestatal que ya está caduca.

Enfatizaron los funcionarios mencionados, ante el Ejecutivo Federal (el estudio se preparó precisamente para él, pero obviamente lo era para la opinión pública), la grave y comprometida disminución de las reservas ya que PEMEX –dicen- tiene una incurable incapacidad para producir en los mismos niveles que existieron en el pasado; y, finalmente, aconsejaron se elaborara un esquema legal de contratación adecuado para establecer relaciones a largo plazo con proveedores y contratistas, lo cual no existe a la fecha aunque sí se practique en secreto.
Reitero: no soy técnico especialista en la industria del petróleo y sus derivados; sobre esas cuestiones no puedo opinar.

Pero consulto en Internet las características principales de PETROLEROS MEXICANOS, y obtengo esta respuesta textual: “Pemex tiene ventas superiores a los 106,000 millones de dólares al año, una cifra incluso superior al PIB de algunos países de la región.” Ante tal aseveración no se explica uno por qué se afirma que PEMEX está en quiebra y es incapaz de autofinanciarse.
Hasta este momento me he dedicado a hacer una serie de consideraciones teóricas sobre el texto de la Constitución y sus posibles alcances, con algunas simplificaciones aclaratorias.
Pero no es posible dejar de tener presente que a estas fechas ya se han presentado iniciativas para expedir una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, reformar y adicionar a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y a la Comisión del Petróleo.
Por supuesto que se trata de un paquete muy difícil de poder ser examinado a total profundidad y con rapidez, así como con seriedad para lograr un criterio que pudiera ser para ustedes de alguna utilidad.

Solamente concluyo con las siguientes observaciones y puntualizaciones, las cuales pongo a la consideración y al excelente criterio de ustedes en la siguiente forma:

I.- Es rescatable como positivo el que no se haya presentado una iniciativa para reformar a la Constitución Política. Todo lo que he fundamentado se basa en textos que si son cambiados ad hoc cambiarían totalmente las razones de todo lo aquí expresado. Por lo tanto es de felicitarse que no se haya pretendido tocar el texto constitucional.

Lo digo no tanto por las explicaciones que acabo de expresar, sino porque es de mi convencimiento que reformular a la Constitución precisamente en forma contraria de lo que hasta la fecha he examinado, pondría incluso en peligro la paz social del país. De ahí mi conclusión de que eso es lo primeramente rescatable: se ha evitado (por el momento) un enfrentamiento nacional.

Lo segundo es que se está reconociendo que Petróleos Mexicanos y el manejo de la Industria Petrolera requieren forzosamente una reforma y una transformación, porque no puede seguir funcionando en terreno hábilmente minado.

Es mi opinión personal que a PEMEX se le ha llevado al fracaso con fines aviesos para lograr justificar la intervención de empresas y capitales internacionales que por supuesto están dispuestos a intervenir en el país. El hecho de reconocer que PEMEX funciona muy mal obliga a tomar determinaciones que permitan su viabilidad.
En mi muy personal concepto, PEMEX ha fallado en que sus grandes ganancias se utilicen para fines presupuestales o fiscales, extra industria, y no para su reinversión, su modernización y su perfeccionamiento.

Pero esto sólo se maneja indirectamente en la reforma, sin que se produzcan proposiciones realmente coherentes con el fenómeno que se contempla. Ningunos contratos con particulares podrían salvar a una industria maliciosamente saboteada.

II.- Cualquier reforma (y en mi concepto ésta lo es) que pretenda que un área estratégica fundamental para el país acepte la intervención de particulares, debe clasificársele como inconstitucional. Sí llegara a aprobarse, la resolución final quedaría en manos -posiblemente- de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero eso no impide concluir que la esperada iniciativa se propone claramente “trampear” a la Constitución y así lo expreso con toda sinceridad.

Las reformas son y deben considerarse inconstitucionales.

III.- Debemos entender lo que se pretende al permitir, en los términos del artículo 15 de la nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, el que el organismo y sus subsidiarias puedan celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos y suscribir títulos de crédito, como textualmente se dice, con toda persona moral o física. Afirmo que cualquier persona moral tiene no solamente el derecho sino la necesidad de celebrar contratos por muchos motivos, todos lícitos.

Es obvio que PEMEX ha celebrado y sigue celebrando, por ejemplo, contratos para adquirir vehículos de tierra, de mar y del espacio, que le son necesarios para su correcto funcionamiento, y es obvio también que ha tenido necesidad de celebrar contratos para adquirir maquinaria, refacciones o cualquier otro tipo de artículos necesarios para el correcto funcionamiento de una empresa petrolera.

Lo que hay que vigilar y fiscalizar en realidad es que bajo el pretexto de que se pueden celebrar contratos en los que se ajuste lo que actualmente se está haciendo con los contratos de servicios múltiples, así se permita y legitime a empresas privadas o particulares para llevar a cabo funciones industriales, y obtener beneficios que sólo pueden corresponder a la Nación.

Mi conclusión por lo tanto es condicionada. Se está autorizando a Petróleos Mexicanos y siempre se ha practicado el celebrar contratos para muchas funciones que no signifiquen o concluyan en que un particular pueda perforar, explorar, extraer, transformar, distribuir, reformar, o comercializar los productos del petróleo mexicano y de sus derivados.

El problema es que si no existe actualmente confianza en la limpieza de las autoridades y en sus directivos, resultará necesario que se precisen “candados” que permitan anular cualquier intento de una privatización oculta. Si no se autorizan sobran los “candados”

IV.- La iniciativa propone la expedición de bonos ciudadanos para permitir –se afirma- un buen desempeño de PEMEX. Es decir la expedición de títulos de crédito para financiarse, aunque se advierta que no se tolerarán derechos patrimoniales ni corporativos sobre PEMEX y que el control del organismo no se verá comprometido de forma que no se exponga al dominio ni a la explotación del petróleo.

Resulta al menos exótico que una empresa estatal con tan grandes beneficios como los que efectivamente tiene PEMEX, en vez de reinvertir sus utilidades en la empresa misma, se estime adecuado expida bonos en calidad de créditos para manejar una empresa exitosa por naturaleza.

V.- Una última fundamentación constitucional respecto a las riquezas naturales de nuestro subsuelo que según el artículo 27 corresponde poner al cuidado del dominio directo de la Nación:
El artículo 25 mandata que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional entre otras razones para así fomentar el crecimiento económico y el empleo, y con todo ello –textualmente- “una más justa distribución del ingreso y la riqueza”

El 26, por su parte, encomienda al Estado la organización de “un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional”. Y para propiciar este encargo constitucional, el tercer párrafo ordena: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.”

Finalmente, el último párrafo del Apartado A del propio 26, textualmente mandata: “En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señala la ley.”
Lo único que queda por acordarse -en cada caso posible- es si en la consulta popular ordenada constitucionalmente, debe hacerse intervenir al pueblo antes de discutirse parlamentariamente la ley; o después que se aprueben las modificaciones a las leyes ordinarias que regulan el manejo nacional de nuestra industria petrolera.

Los mexicanos deben honrar a la sabiduría política de su Constitución: “Lo que se proponga para el mejor manejo de los recursos naturales del subsuelo, que son del exclusivo manejo de la Nación, debe consultarse, analizarse y votarse directamente por la Nación.” La conclusión final es que el manejo que se ha hecho en PEMEX, desde el año de 1938 a la fecha, con frecuencia se ha torcido para llegar a una conclusión de que los recursos naturales del subsuelo en alguna forma queden en manos de particulares, -muy especialmente de los monopolios internacionales del petróleo-, que creo es una posibilidad no exagerada sino perfectamente viable.

No me queda más que agradecer su atención, y una vez mas la generosidad de su invitación para escuchar mis puntos de vista sobre las recientes reformas que tanto interesan al país.

* Ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , Especialista en Derecho Penal y Derecho Constitucional

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