sábado, 24 de mayo de 2008

4to FORO DE DEBATE ( PRIMERA PARTE)

Por A.Castro
El Cuarto Foro de debate “Análisis Constitucional de la Iniciativa de Reforma Energética” se celebró el pasado jueves 22 de mayo y por segunda ocasión los invitados a exponer y a debatir fueron juristas . Asistieron como ponentes a la sesión los Doctores : Raúl Carrancá y Rivas , Miguel Carbonel, Sergio García Ramírez, Luis Javier Garrido , Sergio López Ayllón, José Elías Romero Apis , José Roldán Xopa y el Licenciado Fauzi Hamdan .
Es uso y costumbre dentro de la práctica de los debates en general : el establecimiento de los tiempos en el uso de la palabra, la determinación de el número de réplicas que se efectuarán , y en ocasiones el conocimiento por antelación de la posición que guardan los participantes respecto al tema a debatir , es decir , a favor o en contra. A título particular debo expresar que me causó sorpresa la intervención del Doctor Sergio García Ramírez , pues al margen de su trayectoria académica y de investigación la cual no podría ser objeto de discusión alguna , él siempre ha guardado cierta relación con el poder. Fue en los tiempos en los que el Partido Revolucionario Institucional tenía el control sobre los tres poderes de la unión cuando el Doctor tuvo su participación más activa. En circunstancia similar se encuentra el Doctor José Elías Romero Apis .
Por eso hubiera pensado que la exposición del Doctor García Ramírez se apegaría más a la postura que han asumido los legisladores priístas en el tema energético y no como resultó , advirtiendo la inconstitucionalidad de las reformas presentadas por FCH.
Considero interesante transcribir algunos de los argumentos que el Doctor Sergio García Ramírez utilizó para dejar en claro ante la presencia de académicos , senadores y diputados que el proyecto privatizador de PEMEX que propone modificaciones a la legislación secundaria contraria el espíritu e intención nuestra Constitución Política . Si se desea consultar la versión estenográfica completa del cuarto debate ésta pude ser consultada el siguiente enlace : CUARTO FORO EN EL SENADO
DOCTOR SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
La deliberación debe ilustrar con objetividad. Por eso conviene abandonar la idea de que no existe otra ruta que la marcada en los proyectos y que fuera de ella está el abismo, y no podemos afirmar que con esta reforma el estado será capaz, como dice la exposición de motivos sobre la Ley Reglamentaria, de garantizar el acceso a todos los mexicanos, a la salud y la educación, la seguridad, el combate a la pobreza y el apoyo a los proyectos sociales, construir la infraestructura que el país requiere y revertir el deterioro del ambiente. Si creyéramos en esa oferta milagrosa, habría que aprobar ahora mismo la reforma y lo demás se nos daría por añadidura.


El texto vigente de la Constitución no es una escritura infranqueable, pero no podemos revisar las decisiones constitucionales en otros peldaños del orden normativo.


La constitucionalidad de una ley secundaria interesa a la Suprema Corte. Pero también al Poder Legislativo y a más de cien millones de mexicanos que confiamos en la supremacía constitucional y estamos legitimados para opinar y requerir.


Hoy no se plantea una Reforma Constitucional, pero se trasluce. Es el convidado que no confiesa su identidad. El impulso que hoy alienta ciertas alteraciones en la legislación secundaria pudiera ser el anuncio de otros mayores. Se dice en ambos lados de todas las fronteras de la República: las territoriales y las otras.

La interpretación de la Ley suprema se sujeta a al análisis histórico que recoge la actividad variable de los factores económicos, sociales y políticos; este método es llave maestra en materia de interpretación, ha escrito Tena Ramírez. ¿Sería posible trazar una línea infranqueable entre interpretación jurídica y selección política, cuando queremos interpretar jurídicamente una Constitución Política? ¿Cómo hacer interpretaciones constitucionales sin incurrir en opciones políticas, si la Constitución es política codificada y programa político?


En el dictamen sobre el artículo 27 presentado al Constituyente de 17 apareció la reserva, en favor de la nación, del petróleo o cualquier otro carburo de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso. Fue el origen del texto adoptado. Hecha la expropiación, el Presidente Cárdenas sugirió al Congreso una reforma que precaviera, dijo él, frente a problemas provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país. Que sea el Estado, agregó, el que tenga el control absoluto de la explotación petrolífera. Se anunciaba el desarrollo natural del impulso puesto en 1917: ni contradicción ni rectificación.

El tema del petróleo volvió en 1959. El Constituyente fijó el alcance de las facultades y restricciones que entraña la decisión política fundamental en el régimen del petróleo. Tampoco hubo contradicción o rectificación; sólo movimiento natural y consecuente.

La Cámara de Diputados puso en blanco y negro el sentido genuino del artículo 27: “Debe asentarse de una vez que sólo la nación podrá llevar a cabo la explotación, en los términos que señale la Ley Reglamentaria”. Esta alude a la forma en que la nación explotará esos productos, no al propósito de que la transfiera. En nombre de los dictaminadores, el diputado Enrique Sada, miembro de la comisión afirmó: “La Comisión no aceptará jamás que se abra la puerta, para que cuando se hable del petróleo nacional, se pueda dejar a la discusión del poder público la celebración de contratos”.


La Reforma de 83 acogió definiciones sobre el quehacer del Estado y el sentido del desarrollo nacional. El Congreso contribuyó al itinerario constitucional. Cambió el texto a fin de señalar claramente que el gobierno federal mantendrá siempre la propiedad y el control sobre los organismos con que cuenta para atender las áreas estratégicas de la economía.


El repaso histórico acredita que las normas supremas han puesto en manos de la nación, a través del Estado, la explotación del petróleo. Explotación del petróleo es aprovechamiento integral de la industria. La Constitución no introdujo salvedades.

Si una ley secundaria corrige la ley suprema quedaría en riesgo todo el orden constitucional reconsiderado por quien lo reglamenta, que podría vaciar las fórmulas constitucionales. Bastaría con tener el control de la oportunidad, una mayoría simple podría dispersar la obra acumulada por sucesivos cuerpos constituyentes.


En rigor, lo que se privatiza es una porción del área estratégica, mencionado en el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional. Es la secuencia del proceso de reducción que ha sufrido el Estado. Aquello es indudable, tanto si nos atenemos al hecho de que el Estado deja de ejercer ciertas funciones, como si reinterpretamos el precepto constitucional y reelaboramos sus consecuencias para reducir el alcance de la exclusividad estatal a modo para el siglo XXI.

Privatizar es extraer de la competencia exclusiva del Estado, los bienes, las funciones o las “decisiones” de la industria del petróleo.


Si PEMEX es pilar de la nación conviene que esta retenga con racionalidad el control de su pilar. El proyecto remite a la propia empresa poderes que la desembarazarían de trámites prolijos he imprimirían un paso ligero a la gestión.


Muchas cosas han cambiado en la vida del país, enhorabuena, otras no debieran cambiar, no debiera modificarse la voluntad de sortear el imperio de las circunstancias y dejar a salvo la continuidad en el ejercicio de nuestras decisiones soberanas.


Hay muestras formidables de esta determinación. Recordaré una, que viene a la mente cuanto se examinan temas de esta naturaleza: “Un ilustre mexicano advirtió en una hora infinitamente más oscura que esta, que no se debía tomar ninguna decisión que privara a las generaciones futras de la posibilidad de reivindicar su derecho”. Si erramos al abrir una puerta, una puerta don Raúl, la puerta que no abrió el Constituyente de 1959, quizás no podremos cerrarla mañana, y no se trata solamente de una puerta para la inversión en cierta actividad industrial, por eso me parece válido, y de ninguna manera sentimental o retórico mencionar aquí la advertencia a la que me acabo de referir, expresada en Chihuahua el 26 de enero de 1865, mientras su autor recorría con la República a cuestas algo peor que el desierto, no estaba perdiendo el tiempo.


Ha transcurrido un siglo y medio desde entonces y quizás ha flaqueado la memoria, pero no ha variado la necesidad de imaginar alternativas que dejen a salvo el derecho de los mexicanos.

1 comentario:

Anónimo dijo...
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