viernes, 23 de mayo de 2008

DERECHO DE RÉPLICA. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LLEVAR ACABO LA CONSULTA POPULAR

DEBATE EN EL SENADO DE LAS REFORMAS PETROLERAS”

Juventino V. Castro y Castro
E
l Senado de la República –por conducto de su Junta de Coordinación Política-, me hizo el inmerecido honor de invitarme a asistir como expositor al Foro de Debate sobre la Reforma Energética , dentro del tema: “Análisis constitucional de las iniciativas de reforma energética”, que se llevó a cabo el día de ayer.

Los periódicos del día de hoy resaltan que en mi exposición insistí que, previa a la discusión parlamentaria, las iniciativas tienen que consultarse al pueblo, en los términos ordenados por el artículo 26 constitucional.

Ha habido más incrédulos que opositores a lo que opiné. Tengo derecho a la réplica.
Intentaré fundamentar en la Constitución Política mi contundente afirmación de que el intento de reconstruir la industria petrolera, no mediante una iniciativa que permitiera evaluar su posible reestructuración, sino mediante reformas o expedición de leyes ordinarias, no se ciñe a lo ordenado por los artículos 27 y 28, principalmente. Enuncio los fundamentos constitucionales de mi aserto:


a) El artículo 39 constitucional establece que la soberanía nacional reside en el pueblo. El dispositivo no se contradice por el contenido del artículo 41, que indica que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y –en su caso- por los Poderes de los Estados, ya que el pueblo no regala –ni podría hacerlo aunque quisiera- su soberanía nacional, sino simplemente acredita representantes para ejercer con efectividad tal poder soberano. Como ocurre entre las personas, éstas pueden nombrar a un mandatario que las auxilie, aunque retienen siempre sus derechos. En conclusión: la soberanía mexicana siempre y en todo momento está en manos del pueblo.

Creo es perfectamente entendible que no puede confundirse al pueblo –que es el soberano- con el Estado y sus poderes constituidos, que son sus servidores. El Estado tiene poderes públicos pero todo dentro de otros, cuya totalidad forman una República (artículo 40) los cuales se enuncian como Estados libres que basan su soberanía también en el pueblo (artículo 115).

El pueblo (artículo 39) es el único que tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Conforma su soberanía.

b) Sólo se encarga constitucionalmente al Estado la rectoría del desarrollo nacional (artículo 25), para que con ella se garantice el que se fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático, se fomente el crecimiento económico, se incremente el empleo y se obtenga así una más justa distribución de la riqueza; y también que, en su momento se logre el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

c) Es textual que el cuarto párrafo del artículo 25 precisa que el sector público tiene a su cargo la atención de las áreas estratégicas (entre las cuales el artículo 28 enumera el petróleo y los demás hidrocarburos, la petroquímica básica y la electricidad), pero subraya que ese encargo es exclusivo del sector público, y no de cualquier otro sector. Es algo totalmente distinto lo dispuesto por el párrafo quinto del mismo artículo 28 para las áreas prioritarias del desarrollo, en las cuales el Estado no lo lleva a cabo (en cumplimiento de su rectoría) en forma exclusiva, siempre puede hacerlo por sí o en unión de los sectores social y privado.

La cita es textual y recomiendo se relea por los escépticos, porque no creo que pueda entenderse sino de acuerdo con su textualidad.

Las áreas estratégicas son exclusivas; las áreas estratégicas permiten (según la Constitución) que el Estado participe de su manejo con los sectores social y privado.

d) Entiendo como obvio que proponer que un área estratégica (petróleo), permita –aunque sea en una parte microscópica- la intervención del sector privado, es contradecir a la Constitución. En el lenguaje judicial y forense a esa valoración se le denomina anticonstitucionalidad.

e) Es posible que quepa una duda, en un momento dado, y que de muy buena fe el Ejecutivo pudiera proponer una o varias leyes, y crea que sí puede intervenir en el manejo de una área estratégica (perfectamente identificada), y llegara a suponer que el Estado sí puede invitar al sector privado, y el Poder Legislativo comparta la misma duda. ¡Qué hacer en esos casos?

f) La Constitución en el tercer párrafo del artículo 26 apartado A), textualmente prevé: La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo”.

g) Creo está sobreentendido que el área estratégica llamada petróleo, es una de las que están incluidas en el primer párrafo del apartado A) del 26, que impone al Estado el deber de llevar a cabo la organización de un sistema de planeación democrática para el desarrollo del país, al cual según el tercer párrafo del 25 pueden concurrir el sector público, el social y el privado.

h) Concluir que las iniciativas que está empezando a analizar el Senado, deben en todo caso someterse a una consulta popular, no es un dislate indigerible porque el pueblo es el único soberano, y se está manejando –en las iniciativas- una área estratégica, y ésta (la del petróleo) es la industria número uno de México, y posiblemente de toda Iberoamérica.

i) Un último comentario propuesto en forma de interrogantes:


¿Hay alguna razón pertinente para oponerse a que las iniciativas que afectan a la industria petrolera sean consultadas al pueblo? ¿Aun suponiendo que el opositor tuviera criterios opuestos a los aquí expuestos, habría alguna razón social para alegar con razonamientos leguleyos que la consulta no se debe dar; que es impertinente?

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