sábado, 24 de mayo de 2008

( SEGUNDA PARTE )

DOCTOR RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS:

Señores senadores, señores diputados; estimable público.


Asisto al Senado de la República como profesor universitario, como jurista, como abogado. En estas condiciones mi guía es mi verdad y mi escudo creo que es la razón. El asunto que nos ocupa, desde mi punto de vista como jurista y como ciudadano, como universitario, creo que es prioritaria y fundamentalmente de derecho, es un asunto donde la constitucionalidad está de por medio.

Al margen de la bondad, generosidad, aspecto positivo que puedan tener en opinión de algunos las iniciativas enviadas por el Presidente de la República, hay que atender fundamentalmente al hecho de si son viables y posibles dentro del entorno y contorno constitucional que rige a la República. En este sentido, pues me permito presentarles el símil de una puerta. Quiero abrir una puerta para entrar en un determinado espacio, tal vez esté convencido de que debo abrirla, convencido honestamente y tal vez con razones muy sólidas; pero la pregunta fundamental es si puedo abrir esa puerta y si hay una prohibición expresa de abrirla no podría yo abrirla; y la segunda pregunta es si a pesar de la prohibición debo abrirla, tengo que abrirla, independientemente de mi voluntad de abrirla.


El símil me parece ilustrativo porque hay un artículo que es el 27 de la Constitución que en su párrafo sexto dice que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevar a cabo la explotación de sus productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva.

El Presidente de la República ha enviado diversas iniciativas, una de ellas concerniente a la ley reglamentaria, a una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. Y yo sostengo, como abogado, como jurista, que el artículo sexto de esta Ley Reglamentaria viola flagrantemente la Constitución y, por ende, es anticonstitucional.


Dice en lo conducente el artículo 6° que ustedes conocen perfectamente: Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requieren, manteniendo en todo momento el control sobre las actividades en la exploración y desarrollo de los recursos petroleros, etc. Esto es lo fundamental. E insisto, desde mi punto de vista, es absolutamente violatorio de la Constitución. Se ha alegado en contra que hay mecanismos de interpretación que le conceden a una ley reglamentaria los instrumentos necesarios para poder ir develando el sentido, la "racio-legis", el fondo, el contenido constitucional.


Por mi parte estoy absolutamente en desacuerdo. Más adelante, si los debates lo permiten, daré una información técnica que me parece convincente en especie. Estoy totalmente en desacuerdo con esos puntos de vista, porque creo que una ley reglamentaria debe reglamentar, pero nunca tiene por qué ni posibilidades constitucionales ni jurídicas de rebasar, de superar el mandato de la norma constitucional.



Sobre esta base y consultando el texto supremo, pues he indagado en algunos artículos, los he leído con atención, el 80, el 71, el 87 y, desde luego, el título Cuarto de nuestra Constitución que atañe a las responsabilidades de los servidores públicos y patrimoniales del Estado. Y me encuentro con lo siguiente que me ha servido para hilvanar, si cabe la expresión, mi punto de vista, mis razonamientos. El artículo 80 de la Constitución prescribe con absoluta claridad que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos es el depositario del ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión.


Si lo lee un ciudadano común y corriente, además de un abogado, un universitario, menuda cosa, ser el depositario del ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión. El 71 de la Carta Magna dice que el Presidente tiene el derecho de iniciar leyes o decretos, se le concede este derecho. Pero yo veo una diferencia muy clara entre tener un derecho y ejercer ese derecho. Tengo el derecho de circular libremente en el territorio de la república; tengo el derecho de adoptar la religión, la fe que mejor me convenga, etc., pero una cosa es tener ese derecho -digamos- inmanente en mi per se, va el término, y otra ejercerlo.


Al ejercerlo yo estoy convencido y sobre todo en el caso de las iniciativas, ser realista se lleva a cabo un acto de autoridad. Este acto de autoridad, el ejercicio del derecho tiene dos vertientes, me parece. Ajustarse a la Constitución que nos rige o bien no ajustarse a la Constitución que nos rige, contrariable. Como he manifestado desde mi punto de vista el artículo 6° de la Ley Reglamentaria que me he referido, se opone abiertamente al mandato constitucional. El artículo 87, por su parte, prescribe la protesta que presta o prestará el Presidente al tomar posesión de su alto cargo, la cual se divide -me parece- en dos partes. Su compromiso solemne y constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes que de ella derivan, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República, velar en todo por el bien y prosperidad de la unión.


Y la segunda parte donde solicita al prestar protesta que se le demande un posible incumplimiento del compromiso solemnísimo y constitucional que está adquiriendo. Sobre esta base y considerando la responsabilidad del servidor público, de un servidor público, y recordando que el artículo 128 de la Constitución ordena que todo funcionario público sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, me voy al Título Cuarto, artículo 108 y siguientes de nuestra Carta Magna, porque curioso de la solución que pueda dar el derecho a una violación constitucional de un muy alto servidor público, quiero entender y apreciar qué fórmulas permite la Constitución para iniciar lo correspondiente de acuerdo con el Derecho.


Y este título comienza con un artículo 108 que dice que “…para los efectos de las responsabilidades a que alude el mismo, se refutarán como servidores públicos, entre otros, a los representantes de elección popular”. Entonces, lector del texto, me digo, bueno, el Presidente es un representante, sin duda, de elección popular. Pero en la segunda parte del 108, aparece algo sorprendente, que a mi me parece y siempre me ha parecido altamente criticable, la excepción que establece el Constituyente o la Constitución. El Presidente durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Es una excepción claramente establecida en el texto supremo.


Pero estudiando el mismo texto en los párrafos subsecuentes, me informo, me entero de que por ejemplo el gobernador de un estado de menor jerarquía política y jurídica que el Presidente, me parece que esto es innegable, es responsable o podrá serlo y digamos los magistrados de los tribunales de Justicia Locales, los diputados a las legislaturas locales. Por violación, está la Constitución y a las leyes federales, pero el Presidente no puede serlo. Siento que es algo de llamar poderosamente la atención. Se ha hablado de vacíos constitucionales, se ha hablado de lagunas, etc., que hay que llenar, que hay que corregir, sí, pero hay algo fundamental.


Yo siento que dentro del orden de la interpretación jurídica, la teleológica o finalista, nos debe indicar, es el instrumento adecuado para indicarnos que persigue, qué quiere, qué busca la Constitución. ¿Realmente pretenderá esto? ¿La impunidad, la inmunidad del titular del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión?

Paso al 109 del texto Supremo, y en su párrafo I, en su fracción I, leo que se impondrán mediante juicio político, yo indagando qué se puede hacer si un servidor público de altísimo nivel vulnera la Constitución. Y dice: “Se impondrán mediante juicio político las sanciones indicadas en el 110 a los servidores públicos, señalados en el mismo precepto”, las sanciones correspondientes. Me voy al 110 y el Presidente, sin duda, no es sujeto de juicio político. Evidentemente no lo es. Por lo tanto, no podrá ser en los términos del 109 responsable cuando en el ejercicio de sus funciones incurra en actos u omisiones, como dice la Constitución, que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.


Yo respeto la opinión de todo el mundo. Esa es la clave para vivir y coexistir en nuestra universidad. Pero a mi como ciudadano, como estudiante, como estudioso del Derecho esto me sorprende enormemente. Y considero que no es posible desde ningún punto de vista que recurriendo, me reservo otros métodos de interpretación si son de interés de la Asamblea, para más adelante, pero no es posible recurriendo, repito, a la interpretación teolológica o finalista arribar o llegar a la conclusión de que el texto supremo, el constituyente, quien lo hizo, quienes lo hicieron, desean, expresan, manifiestan, ordenan que el Presidente, en un caso de este tipo sea inmune. Me parece totalmente inconcebible, es un punto de vista, por supuesto personal de un servidor de usted.


Yo insisto en que el artículo 6º de la Ley Reglamentaria propuesto por las iniciativas de que se trata es una especie que verdadero Caballo de Troya en el cuerpo normativo del artículo 27, y que pretende vulnerar tal artículo llegando al extremo, me parece a mí de la violación anticonstitucional, porque las iniciativas enviadas ya implican un acto de autoridad, al margen de que el honorable Congreso de la Unión apruebe o no apruebe, haga modificaciones o no haga modificaciones, ya implican un acto de autoridad que conlleva en mi opinión una responsabilidad.


En tal virtud, y atendiéndolas con el mayor respeto, porque nuestro compromiso es mayúsculo con la República y con el Senado, yo no comparto las tesis de que las disposiciones constitucionales vigentes en materia de petróleo admiten diversas variantes en la reglamentación secundaria que derivan del margen de interpretación que corresponde al legislador, y no lo comparto, porque el único intérprete auténtico es el juez y en el extremo la Corte, El legislador no interpreta, legisla, y mucho menos está facultado en mi opinión para definir en leyes reglamentarias lo que me parece o parecería una barbaridad, hasta dónde llega el dominio directo de la nación sobre el petróleo y los demás hidrocarburos, en el extremo será o sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una acción de inconstitucionalidad perfectamente planeada, establecida en el artículo 105 de la Carta Magna.


Hacer lo anterior, lo que se pretende o pretende, algunos lo sugieren, que lo he visto con el mayor espíritu de análisis y de honestidad capaz mi persona, sería darle al Legisladores facultades reservadas a un tribunal constitucional o de control constitucional y lo mismo pasa con el desacierto de sostener que los legisladores tienen la facultad de definir qué se entiende por explotación para los efectos del artículo 27. Yo no admito esto, nada más faltaba o faltaría que se añadiera lo anterior, que los legisladores pueden emitir jurisprudencia.

Este es mi punto de vista, que presento en principio en esta primera intervención ante los señores senadores y entiendo que buscando la posible responsabilidad de un alto servidor, como lo es el Presidente, no es lógico entender que carezca de responsabilidad si incurre, en mi opinión ha incurrido, bien sé que en la opinión que respeto de otras personas, de otros juristas no ha incurrido en ello, se incurre en una flagrante violación constitucional.



Pero lo que a mí como profesor, como abogado, como jurista, hasta este momento de mi vida me sorprende y me alarma es que la Constitución de mi República de mi país, partiendo de la base, por supuesto del presupuesto de que hubiese una violación constitucional, que yo creo que la hay, declare, manifieste que el Presidente es inmune, y más me sorprende que se diga que en leyes reglamentarias pueden rebasar a la Constitución, es verdad que el texto supremo, por ejemplo, lo acabamos de leer en el 27 o lo acabo de leer, dice: “… en los términos que señale la Ley Reglamentaria”. Pero me parecería una locura suponer o pensar que esos términos, pueden, no digamos rebasar a la Constitución, ni siquiera pueden igualarla, la Ley Reglamentaria está para reglamentar, es lo que yo considero, es lo que yo pienso y pongo en manos del Honorable Senado de la República como la aportación de un jurista, de un abogado, de un universitario. Muchísimas gracias.

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