jueves, 22 de mayo de 2008

(SEGUNDA PARTE)

DOCTOR JUVENTINO CASTRO Y CASTRO:
Señores Senadores ; respetable audiencia :
Se me ha solicitado que analice específicamente la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las Iniciativas que se dice contienen una reforma energética.

Dada la estrechez del tiempo que se me ha concedido para exponer con atingencia mis criterios, de mi ponencia original resumo argumentaciones y rasuro conclusiones, aunque aclaro que ya con antelación he entregado a la Secretaría de esta Junta de Coordinación el documento original completo.

Para cumplir puntualmente con sus cuestionamientos, regreso a este Senado de la República, quien en 1995 generosamente me recibió, me escuchó y juzgó de mis aptitudes para ser nombrado Ministro de nuestra Corte Suprema de Justicia. Vuelvo al Recinto en donde una vez aceptada mi designación se me invitó a protestar que al impartir justicia siempre ajustaría mis desempeños y vigilaría la de los demás, a los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora expreso ante ustedes mis opiniones inspiradas siempre por la norma suprema, a la cual prometí sujetarme siempre. Desde mis lejanos tiempos de estudiante mis maestros me inculcaron el principio mayor de los abogados mexicanos: Sobre la Constitución, nada. Contra la Constitución, nadie. Por ello me he llenado de estupor escuchar en este Recinto que se le califique de mitología nacionalista.
Nuestro texto supremo es algo más que un conjunto de mitos, es el basamento de la identidad mexicana. Así en su Artículo 2 nos reconoce como una nación pluricultural. El texto ordena, por razones históricas que la educación que imparta el Estado sea laica y alejada de cualquier doctrina religiosa.
En los primeros 29 artículos relacionados con el 103 y 107 toma vivencia el garantismo mexicano y establece como verdadero protector de los derechos humanos al juicio de amparo. En el 39 no solo se titulariza a la soberanía nacional en el pueblo, sino algo más interesante. Que el poder público siempre deriva del pueblo, y solo es válido si este poder público beneficia al pueblo y no a una porción ávida de poder individual.
En los Artículos Constitucionales del 25 al 28 es en donde se contiene la especial doctrina mexicana respecto a la propiedad pública, privada y social y las reglas ineludibles para actuar dentro de la economía competitiva, se establece con firmeza la preeminencia del interés social colectivo sobre el particular individual.
Sobresalen en esta elaborada reestructuración, el mandato constitucional que crea las llamadas áreas estratégicas, que no admiten concesiones o permisos de intervención a favor del sector privado o del social. Y las áreas prioritarias que sí permiten y autorizan estos complementarios auxilios y perfeccionamientos.
En materia de áreas estratégicas a su cabeza se coloca al petróleo y a la electricidad. Los textos constitucionales concretos al respecto los han escuchado ustedes hasta la saciedad y no les daré lectura una vez más.
En lo que infortunadamente no me parece que estemos de acuerdo y que finalmente solo puede resolverse mediante su poder soberano, es si los mandatos constitucionales son poesía celestial o por el contrario son normatividad obligatoria formalmente dictada por el bien del pueblo.
Mi opinión final la refiero en las siguientes conclusiones que respetuosamente pongo a su ilustrada consideración:
Uno, considero destacable el proyecto modificatorio de las iniciativas que la reestructuración no se haya propuesto mediante un intento de modificación directa de la Constitución Política. Lo digo no tanto por los fundamentos que ya he expresado, sino porque es de mi total convicción que si se hubiere intentado modificar a la Constitución en estas cuestiones y se pretendiera en substitución algo contrario al espíritu profundo de lo que hasta la fecha hemos implementado, ciertamente pondríamos en peligro la paz social del país.

Extremo el análisis. Nuestra Carta Magna constituye lo que se conoce como una Constitución rígida, pues es un documento al más alto nivel que no puede modificarse de la manera en que se autoriza tratándose de las leyes ordinarias en las cuales para su puesta en vigor, basta que se voten positivamente bajo una simple mayoría legislativa. Solamente se puede modificar a la Constitución Mexicana interviniendo obligadamente en el proceso de votación dos clases de poderes: el Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados soberanos. A esta combinación política le llamamos poder renovador de la Constitución.

Por ello, con gran respeto, creo que el Ejecutivo ha elegido una vía impertinente para resolver y contradecir a la Constitución. Ello no se puede legalmente decretar, si no que todo el peso de decretamiento debe estar en la Constitución.

Segundo.-
El hecho de reconocerse que PEMEX funciona defectuosamente, obliga a tomar determinaciones que permitan recuperar su funcionalidad. Ello independientemente de que la des mejoría de la empresa tenga como origen unas maniobras políticas malintencionadas o solamente se deba a una incompetencia técnica, administrativa y financiera de sus directivos actuales y de los pasados.

Tercero.- Cualquier Reforma que pretenda que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares, en mi opinión debe ser considerada como inconstitucional.

A mi parecer, las reformas deben ser consideradas así porque de aprobarse, tal y como se proponen, se estaría autorizando que PEMEX maneje a la industria petrolera nacional no en forma directa y exclusiva, sino involucrando en alguna forma para su manejo al sector privado.

Cuarto.-
Es evidente que existe un intencionado propósito de introducir con función sobre lo estructurado por la Constitución para las áreas prioritarias y lo decretado y exclusivamente para las áreas estratégicas.

El cuarto párrafo del artículo 27 dice: …”corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales, incluyendo el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos”.

Lo instrumenta el cuarto párrafo del 25: …”el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalen en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución”.

Este artículo a su vez, en su párrafo quinto, ordena de qué manera se debe manejar “el estado, estoy citando, contará con los organismos que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo; y en las actividades de carácter prioritario donde de acuerdo con las leyes participa el Estado por sí o con los sectores social y privado”.

Como se puede fácilmente constatar, el manejo de las áreas estratégicas se ordena como exclusivo y directo del estado, y los sectores social y privado puede auxiliarlo, pero únicamente en tratándose de las áreas prioritarias, son dos mundos, dos enfrentamientos, dos sistemas.
En esto coincidimos con la posición judío cristiana: “este es el árbol del bien y del mal, de sus frutos nunca te aprovecharás”.

Quinto.- Debemos conjeturar sobre lo que realmente se intentó normal al sugerir se autorice en los términos del artículo 15 de la propuesta nueva Ley Orgánica de Petróleos que el organismo y sus subsidiarias puedan celebrar con cualquier persona toda clase de actos, convenios o contratos e igualmente suscribir títulos de crédito.

Es un hecho que PEMEX ha celebrado contratos para adquirir vehículos de tierra de mar y del espacio; y es obvio también que el organismo ha tenido necesidad de celebrar contratos para adquirir maquinaria, refacciones o cualquier otro tipo de artículos o servicios necesarios para el correcto funcionamiento de una empresa petrolera.

PEMEX igualmente celebra contratos para la publicidad de la empresa. Por lo tanto, y para que quede bien clara mi personal opinión, creo que si ahora se autorizan los llamados contratos de riesgo o compromisos parecidos, lo que sí aparece como necesario sería vigilar y fiscalizar que ellos no legitime bajo esta nueva disposición lo que tan irresponsablemente se ha venido haciendo con los contratos de servicios múltiples, los cuales permiten intervenir al sector privado en las áreas estratégicas del petróleo y de la electricidad.

Sexto.- La iniciativa propone a la expedición de bonos ciudadanos, para permitir, se afirma, un mejor desempeño de PEMEX. Resulta al menos exótico, pero siempre contrario a la intención constitucional, que una empresa estatal con tan inmensos beneficios como los que efectivamente tiene PEMEX, en vez de ordenar se reinviertan en una parte proporcional y aceptable de las utilidades de la empresa misma, expida bonos en calidad de créditos para manejar una empresa que debería de ser exitosa, dada su propia naturaleza.

Séptimo.-
Un especial e importantísima anotación final respecto al manejo constitucional de la normatividad que se refiere a las riquezas naturales de nuestro subsuelo. Para introducirlos al tema me permito transcribir textualmente la primera parte del párrafo tercero del artículo 26, en el cual dice: …”la ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática”.

Para entender a cabalidad lo anterior, presido a ustedes que el artículo 26 constitucional reconoce en el Estado la obligación de formular el plan de desarrollo nacional; pero se añade que el propio Estado es quien debe formular dicha planeación, recogiendo de los sectores sociales, dice la norma en sus términos textuales, las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al desarrollo.

Por ello se entiende por qué en tales reestructuraciones sociales se contempla una participación del pueblo hecha mediante una consulta directa a él.

Es mi convicción y así lo expreso con toda lealtad ante ustedes que las actuales iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal forzosamente requieren para su aprobación consulta previa a la soberanía popular, porque es ella la titular exclusiva de las riquezas del subsuelo. Y así esa soberanía popular pueda expresar auténticamente su padecer directo sobre las iniciativas del Ejecutivo Federal que normarán la resolución final.

Octavo.- Vista la anterior conclusión, lo única que quedaría por resolver es si la consulta popular ordenada constitucionalmente por el tercer párrafo del 26 debe hacerse antes de discutirse parlamentariamente la ley o en su caso después de que se hubiere aprobado las modificaciones en las leyes ordinarias.

Si la consulta se lleva a cabo después de ser votadas las leyes, ello constituiría un verdadero referendo que constitucionalmente es inexistente y, por lo tanto, inapropiado; y no una consulta popular que se practique antes de votar las leyes, dando así al pueblo la posibilidad real de opinar si es el deseo de su soberanía el que se dicten las normas consultadas, las normas al manejo del petróleo; o bien, se desechen las iniciativas.

Señores senadores:

La sugerencia final de esta bien intencionada y sincero análisis que he expresado ante ustedes, es que para mi resulta forzoso y elegible en forma adecuada el manejo tanto de los recursos naturales como y principalmente de las áreas estratégicas, para llegar a la conclusión definitiva de que el aprovechamiento de sus recursos naturales del subsuelo nunca deben quedar en las manos ni en el control de intereses privados. Y cómo deben llevarse a cabo la consulta popular que resulta obligada constitucionalmente.

No me queda más que agradecer su atención y una vez más la gentileza de su invitación para escuchar mis modestos puntos de vista sobre las recientes reformas que tanto interesan a un país. Muchas gracias.

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