jueves, 5 de junio de 2008

CONSIDERACIONES ENTORNO A LAS FIGURAS DE REPRESENTACIÓN CIUDADANA ( PRIMERA PARTE)

UN VIEJO INSTITUTO: " LA CONSULTA POPULAR”
Por Juventino V. Castro y Castro



El tema de la consulta popular nació a la polémica en el Foro al cual convocó el Senado de la República para mejor ilustrar su criterio final respecto de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal ante dicho Senado, y que conteniendo referencias concretas solamente a la industria del petróleo, y a la paraestatal PEMEX, pomposamente se les llama la reforma energética , confundiendo el todo con una de sus partes.


Quienes no quieren (o temen) la consulta popular ordenada por el artículo 26 constitucional, y desean que sin su trámitación se aprueben las iniciativas de referencia, tratan de dejar la impresión en los mexicanos de que la recordación del mandato constitucional lleva la torcida intención de “retardar” las reformas que afirman son tan precisas que si no se aprueban en plazo breve México sufrirá graves consecuencias: agotamiento rápido del petróleo que requerimos, desistimiento del capital privado que reconocen ya ha ofrecido “sus servicios” con pérdida de excelentes oportunidades, desempleo, más miseria, y otros males menores.


Se quiere dejar la impresión de que con la consulta popular se ha sacado un conejo de una de las mangas del chaleco y se ha planteado algo que entre nosotros nunca antes nos había provocado intranquilidad.


Están equivocados. Me rectifico: están interesados en un proyecto de negocio inmenso, que no desean se detenga.


En octubre del año de 2006 la Lic. Claudia Gamboa Montejano, Investigadora Parlamentaria, y la Lic. María de la Luz García San Vicente, Auxiliar, presentaron ante la LX Legislatura de la Cámara de Diputados un Estudio que se les ordenó para que dicha Cámara se ilustrara respecto de unas iniciativas presentadas ante ella y que denominaron DEMOCRACIA DIRECTA: Referéndum, plebiscito e Iniciativa Popular”. Dicho trabajo fue en realidad una actualización del trabajo DPI-46, de marzo de 2003, sobre el tema de la democracia directa , y ambos estudios pretendieron “mostrar de manera sucinta el interés que actualmente refleja el legislador al respecto, mostrando como ejemplo de ello que en el transcurso de la anterior LIX Legislatura hasta la fecha –febrero de 2003- se han presentado seis iniciativas de reformas a nivel constitucional sobre este tema.”


Agregaron: “En años recientes se ha contemplado la posibilidad de implementar un mayor grado de participación de la sociedad en su conjunto, de la ciudadanía, en los temas de interés nacional a través de reformas al marco constitucional y legal. Se considera que de este modo la población, en su mayoría, no seguirá delegando en su totalidad las funciones de decisión al gobierno e irá asumiendo, en cierto grado, la responsabilidad y el derecho de involucrarse en las tareas ya sean de carácter político, jurídico o económico, que puedan beneficiar o perjudicar al país, según sea la percepción de la propuesta planteada.”


No resisto aprovechar tan importante estudio para insertar textualmente algunos de sus principales conceptos. Aclaro que todo lo que menciono a continuación es una copia que me tomo la libertad de incluir en este artículo:


MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL”.


“El objetivo de este apartado es señalar las principales acepciones que se desarrollan y mencionan en el presente trabajo, iniciando con el término:


DemocraciaGobierno del pueblo por pueblo. Es una forma de gobierno, un modo de organizar el poder político en el que lo decisivo es que el pueblo no es sólo el objeto del gobierno –lo que hay que gobernar- sino también el sujeto que gobierna”.


Se considera que para la verdadera existencia de una democracia como tal deben existir una serie de factores esenciales, y tanto sociedad como gobierno deben de contar con las siguientes condiciones mínimas:

  • Que la sociedad sea libre
  • Que no se encuentre oprimida por un poder político
  • Que no se encuentre dominada por una oligarquía cerrada.
  • Que el gobierno exista para el pueblo y no a la inversa.


La doctrina menciona las clasificaciones que pueden darse en este ámbito.


“Democracia directa: “Es una forma de gobierno en la cual el pueblo participa de manera continua en el ejercicio directo del poder, y a su vez se define la Democracia indirecta o representativa: “En la que el pueblo no gobierna pero elige representantes que lo gobiernan”.

En el campo de la democracia directa se señalan los siguientes conceptos relacionados:


Participación: “En principio, significa tomar parte, convertirse uno mismo en parte de una organización que reúne a más de una sola persona. Pero también significa “compartir” algo con alguien o, por lo menos, hacer saber a otros alguna noticia. De modo que la participación es un acto social.”


Por lo tanto:


Participación política: “Es un conjunto de actos y actitudes, enfocados a influir de una forma más o menos indirecta, y legal sobre las decisiones del poder, en el sistema político, con la clara intención de preservar o incidir en la estructura del sistema de intereses regularmente dominante.


La participación política y ciudadana comparten esta misma definición general. Quienes gozan de derechos políticos son exclusivamente los ciudadanos, es decir, al hablar de la participación ciudadana, refiriéndose a la acción que realizan los ciudadanos, entendidos como los únicos sujetos que son reconocidos como capaces de participar y ejercer derechos políticos, concretando a la Participación ciudadana como: “Conjunto de actividades e iniciativas que los civiles despliegan afectando al espacio público desde dentro y por fuera del sistema de partidos.”


De acuerdo a lo anterior, entendemos que la cooperación entre gobierno y sociedad civil es fundamental para que pueda existir la participación de la ciudadanía, con los términos previos descritos, dentro de sistemas democráticos directos, se habla como denominación común de la participación ciudadana, expresada ésta a través de las siguientes figuras:

Plebiscito: “Sirve para que los ciudadanos decidan entre aceptar o rechazar una propuesta que concierne a la soberanía”.


“Es la consulta al cuerpo electoral sobre un acto de naturaleza gubernamental o constitucional, es decir político, en el genuino sentido de la palabra. No gira en torno a un acto legislativo, sino a una decisión política, aunque susceptible quizá de tomar forma jurídica”.


“Resolución tomada por todos los habitantes de un país a pluralidad de votos. Votación de todos los ciudadanos para legitimar algo”.


Referéndum: “Es un mecanismo de participación directa mediante el cual la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo previo a una decisión del gobierno”.


“La acción de someter algún acto importante del gobierno a la aprobación pública por medio de una votación”.

Procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos, cuya ratificación debe ser hecha por el pueblo.


Es un proceso de consulta para la aceptación de una ley, así como para su modificación o abrogación, al cual tienen derecho los gobernados de acuerdo a las leyes de cada país, es un instrumento conocido por la teoría política como democracia directa.” Hasta aquí la cita.


La última reforma constitucional para incluir el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular data del mes de febrero de 2006, y fue iniciativa de un diputado del PVEM, quien en su texto le recuerda a la Asamblea que ya lo habían solicitado el PAN, en 1946 y 1988, y el PRD en 1992.

Precisa los veintiún Estados que contemplan la figura del referéndum; los diecinueve que han establecido el plebiscito, y los quince que aceptan la iniciativa popular.


La principal reforma se propone para el artículo 41, en donde se definen las figuras que ahora recuerdo, y autoriza al IFE para convocar y organizar el referéndum y el plebiscito. Ignoro las razones que se hayan hecho valer para no analizar, discutir (y mucho menos aprobar) dicha iniciativa.

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